Muy buenos días.

Los cuidados son un bien público fundamental para el ejercicio de derechos de las personas que requieren de ellos y de quienes los proveen”.

Esta afirmación constituye un reconocimiento expreso que tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como el Gobierno de El Salvador, hacemos para promover la urgencia de reflexionar, debatir y avanzar en la adopción de una Política Nacional Integrada de Cuidados.

Y ese reconocimiento representa un parteaguas importante, dado que implica que –siendo un asunto de derechos humanos– corresponde al Estado asumir su obligación y tomar cartas en el asunto.

Es por ello que me complace mucho estar con ustedes en la inauguración de este importante evento, que nos permita ir más allá de los marcos normativos y de las políticas estrictamente sectoriales, para lograr la construcción de una política integral que cubra los déficits que aún se tienen en materia de cuidados, tanto para los quienes necesitan dichos cuidados, como para quienes los proveen.

En el marco de este debate, es necesario reconocer que, históricamente, a quienes se les ha impuesto de forma casi exclusiva, las funciones del cuidado han sido a las mujeres.

Por mandato cultural, las funciones del cuido han sido parte de las tareas del trabajo reproductivo de los hogares; trabajo que desde siempre ha sido invisible, despreciado y reiteradamente negado su valor, no sólo en el mundo económico, sino por la cultura, la educación y la historia.

Como consecuencia de estereotipos de género, el cuidado ha sido una actividad femenina generalmente no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social.

Actualmente, las mujeres siguen asumiendo las responsabilidades en relación al trabajo doméstico y de cuidado, trabajen o no fuera de la casa.

A esto se le ha denominado feminización de los cuidados.

Y es este carácter doméstico de los cuidados lo que ha significado la exclusión de las mujeres de sus derechos como ciudadana, instalándose mayoritariamente una distribución desigualdad en el reparto de la tareas que se asumen en el hogar.

Además, hay que señalar que se tiene un problema en el abordaje del cuidado, pues está situado en el marco de históricas contradicciones de las políticas públicas, que –por una parte– avanzan en reconocer los derechos de las mujeres y combatir la discriminación de género, pero que –por la otra– siguen mantienen los supuestos y las pautas de políticas que perpetúan su deber doméstico.

He allí la importancia del enfoque de género en la formulación de las políticas públicas, ya que ningún programa o política pública es neutra al género.

Es decir, las intervenciones que se realizan desde el Estado contribuirán a reducir inequidades y desigualdades, o por el contrario las fortalecerán y/o reproducirán.

Por ello, para caracterizar un régimen de cuidados interesa saber dónde se cuida, quién cuida y quién paga los costos de ese cuidado.

Así, es muy importante garantizar que la perspectiva de género esté presente en todas las etapas del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política de cuidados.

Por otra parte, hay un campo de desafíos muy sustantivos para las políticas públicas en la región, que se refiere a la necesidad de conformar una red extensa y accesible de provisión de servicios públicos de cuidado.

Esto resulta una cuestión central cuando se comprende que para avanzar en objetivos de igualdad es esencial una organización social diferente del cuidado.

Por esa razón, en la formulación de la política hay que considerar que el trabajo de cuidados a las personas dependientes –ya sean éstas niñas, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores, entre otras– implica una “relación bilateral”.

Esa consideración significa que hay que prestar la debida atención a ambas partes de la “díada”, tomando en cuenta que una mejor calidad de vida de quienes cuidan, hará que los cuidados que puedan brindar sean mejores, aumentando su calidad y teniendo mejores resultados para quienes reciben los cuidados.

Ahora bien, se debe reconocer y visibilizar en las mediciones y consideraciones de la economía, el trabajo tanto de cuidados como todo el que implica el trabajo reproductivo de los hogares.

De hecho en este seminario ustedes conocerán el aporte económico del trabajo no remunerado de los hogares, a través de un ejercicio de valorización de este trabajo que en coordinación con las instituciones que de acuerdo a sus competencias han formado parte de este esfuerzo, como son:

  • el Banco Central de Reserva de El Salvador,
  • la Dirección general de Estadísticas y Censos
  • la CEPAL
  • e ISDEMU

En conjunto, hemos coordinado esfuerzos por más de tres años para trazar la línea que lleve a construir la cuenta satélite de los hogares, así como la institucionalización de la misma.

Me permito insistir en la necesidad que existe de contar con el presupuesto necesario para implementar políticas públicas como esta, que permitan redistribuir las cargas globales del trabajo no remunerado de los hogares, y que contribuya al avance en la erradicación de la discriminación y la consecución de la igualdad sustantiva a favor de las mujeres.

Pero, en la medida que una política pública de cuidados, tenga el enfoque correcto de derechos humanos y género, tendremos la seguridad que las acciones que se ejecuten tendrán la potencialidad de mejorar lo cohesión social, democratizar la educación y la cultura, romper la desigualdad, promoviendo un desarrollo social y económico más inclusivo y justo para toda la sociedad.

He allí la tarea. Espero que los resultados de este seminario que hoy inauguramos, sean fructíferos para lograr el éxito en este reto.

Muchas gracias.