Amigas, amigos:

Permítanme iniciar agradeciendo a las y los organizadores de este evento, la invitación, particularmente a la excelentísima señora Vicepresidenta de la República Dominicana, mi querida amiga Margarita Cedeño, así como al SICA.

Es para mí un honor participar de este espacio en el cual, como región, podemos analizar los desafíos comunes para reducir las condiciones que colocan en situación de vulnerabilidad tanto a las presentes como a las futuras generaciones, promoviendo la inclusión verdadera de todos los seres humanos, así como los cambios necesarios en las instituciones a fin de alcanzar realmente el pleno goce  de todos los derechos y el desarrollo sostenible y sustentable.

Quiero centrar mi presentación en dos temas esenciales: el primero es el relacionado a los cambios que enfrentaremos en los próximos años; y el segundo, sobre cómo debemos afrontar tales cambios para que estos constituyan verdaderas oportunidades para las generaciones actuales y venideras.

Nuestros países experimentan dos fenómenos demográficos que son realmente nuevos en la historia de la humanidad: En primer lugar, el llamado “bono demográfico”, es decir, una enorme explosión de población joven que puede sostener como nunca los sistemas sociales; y el segundo, el envejecimiento poblacional acelerado, como resultado directo de las políticas de mejora de la atención en salud y calidad de vida de la mayor parte de países.

Mucho hemos escuchado del bono demográfico: estudios nos indican que en este siglo en los países en desarrollo, se encuentra una enorme cantidad de jóvenes y los beneficios que dicho bono representa.  Con las políticas públicas adecuadas, con programas de acceso oportuno y equitativo a educación de calidad, a salud, seguridad, recreación y empleo, estos jóvenes –sobre todo las mujeres– pueden aspirar a la educación superior y a aplicar y calificar a empleos dignos que les permitan a ellos y sus familias contar con una mejor calidad de vida.

En ese contexto, la prevención de embarazos en adolescentes y la prevención de la violencia basada en género constituyen elementos esenciales para la que las mujeres puedan gozar de sus derechos en equidad e igualdad.

Es por ello que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorpora acciones para fortalecer las capacidades de los y las jóvenes, impulsando que las mujeres jóvenes que puedan gozar de sus derechos en igualdad, seguridad y equidad.

El bono demográfico constituye un desafío constante para nuestros países, pues de no realizar los ajustes e inversiones necesarios, los y las jóvenes no podrán salir del círculo de la pobreza, la violencia y la inequidad.

Todas las instituciones tenemos entonces, una obligación de invertir recursos y sobre todo, procurar la intersectorialidad para que podamos crear sinergias y mayor impacto en nuestras intervenciones.

Si bien el bono demográfico nos señala que estamos en un momento de gran cantidad de jóvenes, los datos demográficos también indican que estos jóvenes de hoy serán las personas mayores del futuro.  El bono demográfico se convertirá en cincuenta años en el invierno poblacional.  Este término se usa para denotar que el número de personas mayores superará por mucho al número de personas menores de catorce años.

¿Qué implican estas proyecciones? Por una parte, implican que si no rompemos el círculo de la pobreza, la exclusión y la inequidad para las presentes generaciones de jóvenes, ellas vivirán su vejez en peores condiciones que las generaciones mayores actuales.  Por otra parte, al tener menos población joven, los sistemas de seguridad social no podrán depender de los y las jóvenes para proveer sustento a las poblaciones mayores, ni habrán redes de jóvenes que provean servicios de cuidados requeridos por la población mayor.

Este escenario, que ya viven los países con poblaciones envejecidas, debe constituir una verdadera preocupación para todos los gobiernos, al margen de su visión sobre los sistemas sociales y económicos que pretendan impulsar.

Estamos hablando de prospectiva, del futuro, y entonces quiero compartirles un dato que es muy preocupante.

Es información elaborada por encargo de la cámara de los comunes de Gran Bretaña.

Dice que de mantenerse la tendencia actual de acumulación de riqueza –escuchen bien- el 1% de la población mundial controlará el 64% de la riqueza global en 2030.

Y nosotros peleamos y peleamos para alcanzar los objetivos del milenio para 2030, pero esa injusticia distributiva es nuestro peor enemigo, el peor enemigo de la igualdad y la paz en el mundo.

Esto debe llevarnos a definir no solo las inversiones en la juventud, sino también cómo mejoramos los escenarios de la vejez, particularmente viéndolo desde un enfoque que incluya a todas las personas, tal como las de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGBTI, migrantes, entre otras.

La OPS-OMS presenta como escenario ideal el envejecimiento activo y saludable, con ciudades amigables a las personas mayores que les permitan su desarrollo, autonomía y participación.  Sin embargo, estos escenarios implican inversión, accesibilidad universal y programas que permitan a las personas mayores ejercer sus derechos y su ciudadanía sin exclusión o discriminación.

Aspirar a mejores programas para una población que envejecerá como nunca antes, implica realizar acciones desde hoy, para que cuando los jóvenes de hoy lleguen a ese momento, lo hagan con los programas y servicios que necesiten.

Tal escenario nos conecta directamente con el objetivo esta sesión política: lograr mayores impactos en el desarrollo de las personas de hoy y mañana.

Nuestros sistemas deben todavía desarrollarse más para poder lograr la inclusión plena.  Esto pasa por reconocer que no todos los segmentos de la población gozan de igual forma de sus derechos.

La inclusión nos lleva a reconocer la discriminación basada en género, edad, etnia, diversidad sexual, discapacidad, situación migratoria irregular, por estar en contextos de privación de libertad o cualquier otro factor que empuje a partes de la población a mantenerse al margen de los servicios y los beneficios del desarrollo.

Partiendo de las experiencias que estamos desarrollando en mi país, El Salvador, puedo afirmar que la intersectorialidad no es una estrategia, sino más bien es el ÚNICO CAMINO para lograr un impacto real de los programas sociales.

Quiero compartir con ustedes algunas de las lecciones aprendidas en la implementación de los programas sociales en El Salvador:

PRIMERO: No se puede corregir una realidad a menos que se le conozca a profundidad: los diagnósticos objetivos, verificables, más que simples evaluaciones, son realmente una valiosa fuente para determinar la existencia y dimensión de una situación o problema que debe ser atendido, así como los recursos que se necesitan y con los que se cuenta; los aliados y detractores, los riesgos y las posibilidades, así como por supuesto, la ruta a seguir.

Mucho de los programas sociales del siglo pasado se fundaban en un enfoque de caridad, y no en derechos, por lo que su impacto fue reducido y no pudo responder a problemas objetivos, llevando a soluciones parciales, superficiales y de corto o nulo impacto, y eso fue lo que decidimos erradicar, potenciando las políticas y los programas que fueran sostenibles y respondieran efectivamente a la población.

SEGUNDO: Encontramos que muchas instituciones públicas diversas pueden compartir los mismos intereses, objetivos y retos, pero que trabajaban de manera desarticulada, limitando su alcance o duplicando esfuerzos sin mayores o mejores resultados.  En las experiencias con los programas para mujeres, adultos mayores, diversidad sexual o seguridad alimentaria  que hemos implementado en El Salvador –por mencionar sólo algunos– identificamos que había otras instituciones participantes que tenían las mismas metas, con lo cual se pudieron organizar acciones comunes que respondían a un plan de país, con rutas más claras, competencias más definidas y optimizando recursos.

TERCERO: Debe haber un interés político genuino que impulse la intersectorialidad.   Esto parte de construir continuamente alianzas con actores clave que lleven a impulsar acciones coordinadas, en las cuales diversas instituciones participen efectivamente de programas de desarrollo que responden a objetivos nacionales. Si bien muchos dirigentes y políticos pueden mostrar poco interés a los temas de desarrollo social, siempre se debe trabajar en estrategias que abran espacio para impulsar avances tomando como base un beneficio para todo el país.

CUARTO: Evaluación y flexibilidad.  Todo programa con trabajo intersectorial debe estar debidamente definido, con el objeto de ser evaluado permanentemente. La evaluación tiene dos finalidades principales: Determinar el impacto de los programas, y determinar los ajustes necesarios en caso que los mismos no presenten los resultados esperados.

QUINTO: Reconocer la diversidad, la individualidad y los derechos.  No podemos generar programas sociales solo pensando en estancos o grupos, sin el riesgo de dejar fuera a quienes no califican o cumplen los criterios.  Un ejemplo es el tema de género, el cual hasta hace poco ha comenzado a abordar el tema de mujeres adultas mayores.

Todos nuestros programas de desarrollo deben considerar la inclusión de grupos en condiciones de mayor discriminación, que han estado históricamente al margen del desarrollo, pero más allá de eso, estos programas deben considerar causales múltiples de exclusión.

Por ejemplo, ¿Cómo abordaríamos la atención a mujeres adultas mayores de pueblos originarios viviendo en zonas rurales remotas, con discapacidad y sin ingresos o acceso a servicios de salud?

En el caso salvadoreño, por ejemplo, el sistema de articulación intersectorial impulsado nos ha permitido realizar un abordaje holístico de nudos críticos para el alcance de la autonomía de las mujeres desde lo económico, físico y político.

Sólo así hemos podido obtener logros en aspectos vitales para las mujeres, como en las políticas de agricultura, acceso al reconocimiento de la propiedad de la tierra y bienes tangibles, alfabetización y formación técnica, así como en el desarrollo de la empresarialidad femenina; el acceso a recursos como la creación de la cuenta satélite del trabajo doméstico y la política de cuidado que nos permitirá ir cerrando la brecha en la división sexual del trabajo.

Los programas sociales, si verdaderamente quieren responden a los derechos y la inclusión social, deben contemplar este tipo de escenarios para poder poner a disposición mecanismos especiales de atención.

En ese marco, les puedo garantizar que la INTERSECTORIALIDAD ES UN MECANISMO DE ACTUACIÓN OBLIGATORIO, y no simplemente una estrategia.  Los avances que hemos tenido desde los programas de “Ciudad Mujer” y “Nuestros Mayores Derechos” –este último dirigido en específico a la población adulta mayor– no habrían sido logrados sin el trabajo conjunto.

Finalmente, esa intersectorialidad debe contemplar la participación tanto de sociedad civil como de sectores clave.  Sociedad civil resultó relevante en muchos procesos, pues además de ser un contralor de nuestras acciones, también pueden sensibilizar a muchos sectores políticos para sumarse a una iniciativa.

En el caso de El Salvador, la participación de sociedad civil ha sido relevante, por ejemplo para la aprobación de la Convención sobre la Protección de Derechos de la Persona Mayor de la OEA, por cuanto la promovieron en las diversas fracciones políticas en la Asamblea Legislativa; también ha sido relevante para la atención a sectores vulnerables, como es nuestro trabajo con pueblos indígenas, especialmente mujeres.

Pero adicionalmente, es necesario contar con sectores como los medios de comunicación, empresas privadas con verdadera responsabilidad social, agencias de cooperación y otras instancias comprometidas con los programas sociales, que resultan de gran relevancia para que los esfuerzos y las inversiones de los programas sociales puedan producir los resultados que el país espera y necesita para dar oportunidades al bono demográfico y afrontar mejor el envejecimiento de nuestras sociedades.

Nuestros países todavía deben dar grandes pasos en materia de programas sociales.  Ciudad Mujer es un ejemplo de cómo la inversión pública, con la participación intersectorial, puede generar oportunidades reales a un sector que siempre ha sido colocado en una situación de mayor vulnerabilidad, como es el de las mujeres de todas las edades.

Una lección valiosa de este programa es que, para lograr un impacto para las generaciones presentes y futuras, debemos promover la inversión, la excelencia y la mejora continua de los servicios.  Afrontar el futuro con mejores escenarios comienza con promover el desarrollo social desde una visión participativa e intersectorial.

Amigos y amigas:

Si bien los planes nacionales de desarrollo de los distintos países, al igual que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un componente progresivo, dicha progresión significa invertir cada vez más y no reducir los beneficios logrados.

Este espacio debe servirnos para reflexionar que somos servidores públicos, es decir, nos debemos al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. Nuestra función es garantizar y promover, desde nuestro accionar, que el Estado haga las inversiones que permitan a toda la población, sin discriminación, gozar de los derechos fundamentales.

Nos animo a que todas y todos a redoblar esfuerzos y a apresurar la marcha para conseguir que la protección social y la inclusión sea una realidad más pronta y cercana a todas las personas de nuestra región.

Muchas gracias.