Buenos días a todas y todos.

La construcción de políticas públicas con sentido de Estado, que superen la práctica del espontaneísmo, el cortoplacismo y, por tanto, la irresponsabilidad gubernamental” es uno de los fundamentos estratégicos que el Señor Presidente ha definido dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2015.

Pero además, el mandato expreso que hemos recibido quienes tenemos responsabilidades en la formulación y ejecución de políticas públicas, es que las mismas sean construidas e implementadas de forma democrática, participativa, con enfoque de derechos humanos, y orientadas a lograr que todos los sectores poblacionales –sobre todo aquellos que han estado más excluidos– tengan pleno acceso al desarrollo equitativo e incluyente, lo cual se traduce en el goce del buen vivir.

Y ha sido, justamente en el cumplimiento de ese lineamiento, que la Secretaría de Inclusión Social y el Consejo Nacional de Atención Integral para los Programas del Adulto Mayor (CONAIPAM) con mucho orgullo estamos presentando este día, a consideración y aprobación del Señor Presidente de la República, el documento propuesta de Política Nacional de la Persona Adulta Mayor.

Esta propuesta de política que hoy le entregaremos, Señor Presidente, es el resultado de un amplio proceso de consulta nacional, en el cual los principales protagonistas han sido las mismas personas adultas mayores.

Desde agosto y hasta diciembre del año 2015 realizamos más de setenta talleres en todo el país para realizar las consultas sobre sus realidades particulares, preguntando –además– cuáles eran sus prioridades; qué derechos debían ser prioritariamente protegidos y promovidos y cuáles deberían ser las mejoras respecto a los servicios públicos que reciben o deben recibir.

En la consulta, donde hubo personas incluso de cien años, los y las participantes animosamente fueron a dar su opinión sobre el rumbo que debe tener el Estado frente a sus derechos.

En ese proceso –en el cual inclusive participaron personas de cien años de edad– hubo representación de diversos sectores, tan heterogéneos como la misma población adulta mayor: consultamos a hombres y mujeres; a personas pensionadas y no pensionadas; a quienes viven en zonas urbanas y rurales; conversamos con mayores de pueblos indígenas; preguntamos a quienes están organizados en diversas asociaciones y clubes; a personas mayores jefes de hogar y también a aquellos que viven en centros de atención e inclusive a quienes se encuentran privados de libertad en centros penitenciarios, por citar algunos ejemplos.

Ellos y ellas develaron que sus realidades particulares pueden tener diferencias, y que sus intereses son diversos, pero que sus aspiraciones y reivindicaciones tienen un fin común: que el Estado, la sociedad y las familias reconozcan su dignidad, promoviendo y garantizando el acceso pleno a todos y cada uno de sus derechos humanos, previniendo y protegiéndoles de cualquier situación de maltrato y discriminación.

Todas las personas mayores consultadas fueron unánimes y contundentes al señalar que esperan que sus familias, comunidades, instituciones, y la sociedad en general las respetemos, las tratemos con dignidad y calidez.

Exigen, con toda propiedad, el acceso a servicios sociales, de salud, de educación, cultura y recreación, entre otros.

Requieren, además, el reconocimiento de sus derechos a seguir participando de las actividades productivas y también de los espacios de toma de decisiones en aquellos aspectos que les afectan.

Buscan se les otorgue el lugar que les corresponde en nuestro país, como justa retribución a todo su trabajo y a los años de esfuerzos orientados al desarrollo de sus familias y del país, esfuerzos que –debemos reconocer– siguen realizando en el presente, día a día.

Es por ello que la propuesta de Política Nacional que hoy entregamos tiene, como focos principales, en primer lugar, la promoción de un envejecimiento exitoso, entendido como el resultado de un proceso en el cual las personas satisfacen sus necesidades y obtienen una buena calidad de vida.

Y, en segundo lugar, el fortalecimiento de la autonomía y la independencia de las personas mayores, como una garantía para el ejercicio pleno de sus derechos.

Esto es absolutamente imprescindible en un país como El Salvador, en el cual las personas adultas mayores representan por lo menos el 11.1% de la población, con una tendencia a llegar a ser el 20% en los próximos quince años.

Así pues, como país debemos generar los mecanismos más efectivos para visibilizar a las personas adultas mayores en las políticas públicas, sean estas locales o nacionales.

Este documento que le presentamos hoy, Honorable Sr. Presidente, recoge todas esas reivindicaciones y marca la propuesta de ruta para alcanzar el objetivo de garantizar el buen vivir para todas y todos, reconociendo que la atención y promoción de derechos de las personas mayores es un tema de nación donde todos los sectores debemos poner nuestro corazón y esfuerzos.

Antes de concluir, señor Presidente, permítame agradecer a quienes hicieron posible que este día, como digno cierre del Mes de la Persona Adulta Mayor, podamos presentan esta propuesta:

  • A todas las instituciones parte del CONAIPAM y a todas las que han participado activamente en el programa Nuestros Mayores Derechos;
  • A los gobiernos locales que forman parte de Comunidades Solidarias;
  • Al Gran Ducado de Luxemburgo, a través de su representante, el Señor Denis Pigot, por creer en este proceso y por apostar a la inclusión de las personas mayores en los programas de cooperación.  Sin su aporte no hubiese sido posible realizar los talleres que tanto han aportado a este producto final que presentamos el día de hoy.
  • Pero, sobre todo, a las más de dos mil personas mayores que aportaron su sabiduría, propuestas y entusiasmo en este proceso.

Ustedes han sido, son y serán, la mayor inspiración en este arduo trabajo que apenas comienza.

Nuestro compromiso y nuestro trabajo son para ustedes, con ustedes y desde ustedes.

Muchas gracias.