El Salvador, pese a las voces que quieren hacer ver lo contrario, ha dado grandes pasos en los últimos nueve años hacia la construcción de mejores condiciones para las personas que viven en la exclusión social y la marginalidad.  Antes de la llegada de los gobiernos del cambio, las personas mayores no tenían voz, no eran consideradas en los programas sociales, no había la institucionalidad y el marco legal suficiente para protegerlas.

Uno de los primeros compromisos que asumimos dentro de la Secretaría de Inclusión Social, fue precisamente el dar una voz a las personas mayores, dejar el legado de normas que mejoren la calidad de vida de esta población, y crear programas que les permitan ejercer sus derechos en condiciones de dignidad y respeto.

Una de las principales líneas estratégicas de la Secretaría era la aprobación de tres cuerpos normativos nuevos: Una Convención internacional sobre derechos de las personas mayores, una nueva política nacional de la persona adulta mayor y una nueva ley de la persona adulta mayor.

En el caso particular de la convención, se logró que la Organización de los Estados Americanos reconociera que pese a la protección general que ofrecen sus instrumentos de derechos humanos, era necesario contar con un instrumento específico de protección que facilite la formulación y cumplimiento de leyes y programas que puedan impulsar una mejor calidad de vida de las personas mayores.

El Salvador se convierte en un actor clave en el proceso de redacción de la convención. Además de ejercer la vicepresidencia del grupo de trabajo responsable de la elaboración del documento, fue mediador en momentos donde los países no lograban llegar a acuerdos.  La posición conciliadora de El Salvador permitió no solo superar estas situaciones, sino que brindó el impulso final para que la Convención fuera finalmente aprobada por la Asamblea General de la OEA un 15 de junio de 2015.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, constituye el primer instrumento jurídico internacional que reconoce y protege los derechos humanos de las personas mayores, el cual establece una serie de obligaciones para los Estados parte y brinda la oportunidad de interponer denuncias y proteger a las personas mayores cuando sean víctimas de graves violaciones a sus derechos.

El Salvador, bajo la gestión de la Dra. Vanda Pignato, logró adherirse y ratificar la Convención en noviembre de 2017, con lo cual, se suma a los países que buscan dar una protección real y promover cambios en las realidades de marginación y exclusión que todavía enfrentan miles de personas adultas mayores.

Nuestro segundo gran avance es la aprobación de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor. Por primera vez en nuestra historia, un documento público es consultado ampliamente a miles de adultos mayores, con el fin de escucharles e incluir las acciones que las personas adultas mayores requieren. La política es un resultado de todos y todas, y no solamente el ideario de un grupo de funcionarios.

Esta política obliga a todas las instancias del Órgano Ejecutivo, no solo a la Secretaría de Inclusión Social o al CONAIPAM, a tener oferta de servicios especializados para las personas adultas mayores, a contar con mecanismos de denuncias, y a sancionar a aquellos funcionarios que vulneren los derechos de esta población.  La Política Pública de la Persona Adulta Mayor es un documento hecho por todos y todas y como tal, debe ser difundido ampliamente para que sea exigido y por todos y todas.

Tanto la Convención y la Política se convierten en dos pilares fundamentales para el fortalecimiento y diseño de servicios y mecanismos de protección de las personas mayores y es obligación del Consejo de Atención Integral de las Personas Mayores el promoverlo y difundirlo.

Una parte importante de la estrategia de difusión, es el empoderamiento de las mismas personas adultas mayores, sobre todo de aquellas que, a través de diversas organizaciones no gubernamentales, promueven los derechos humanos de este colectivo y denuncian las vulneraciones cometidas.

Otro grupo de interés en la difusión son los diversos funcionarios públicos con capacidad de toma de decisiones, quienes tienen las competencias suficientes para promover cambios al interior de sus instituciones los cuales  lleven a contar con lineamientos, servicios y mecanismos de protección a fin de garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Ellos deben conocer los alcances y obligaciones derivados tanto de las normas de derechos humanos como de la política nacional, a fin de aplicarlos institucionalmente y erradicar la discriminación por razones de edad.

Todavía nuestra Asamblea Legislativa tiene pendiente la aprobación de la propuesta de nueva ley de la persona adulta mayor que les enviamos en abril de 2016.  Con esta normativa esperamos superar los vacíos existentes en la ley vigente.

De ser aprobado, dejaríamos un marco de derechos articulado, coherente y sobre todo,  eficaz tanto para promover políticas y programas que respondan a las realidades de nuestras personas adultas mayores; como para protegerlas en caso que sean vulneradas en sus derechos por la familia, las instituciones y la sociedad.

Quiero cerrar esta intervención haciendo una reflexión sobre los momentos sombríos que estamos viviendo.  Más allá de los rumores y especulaciones, la realidad es que se han realizado proyectos para beneficiar a las personas más marginadas y excluidas de este país.

Cualquiera con un fin obscuro puede minimizar nuestros logros, pero nos seguimos aferrando en los testimonios de miles de personas que han cambiado sus vidas gracias a nuestro esfuerzo y a la visión de la Doctora Vanda Pignato. Ella se mantiene firme y segura que los programas de la Secretaría se ejecutaron con un solo propósito: mejorar la calidad de vida de los que no tienen voz; y confía que este legado sea superior a cualquier voz que busque desacreditarnos.

Muchas gracias,