San Salvador. Miércoles, 26 de octubre de 2016. Esta mañana se llevó a cabo la primera reunión de la Mesa de Seguridad y Acceso a la Justicia para personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), tras la gestión liderada por la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social (SIS). La actividad estuvo presidida por el Viceministro de Justicia, Raúl Antonio López y el Director de Diversidad Sexual de la SIS, Cruz Torres.

A la reunión también asistieron titulares y representantes de las dependencias que conforman el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (Academia Nacional de Seguridad Pública -ANSP-, Dirección General de Centros Penales; Policía Nacional Civil -PNC-, Dirección General de Migración y Extranjería, Consejo Nacional contra la Trata de Personas y otras), la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Fiscalía General de la República -FGR- y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE). Por parte de la sociedad civil asistieron representantes de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Espacio de Mujeres Lesbianas por la Diversidad (ESMULES).

Diferentes instancias que componen el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública han realizado ya diversas acciones para garantizar el respeto de los derechos de la población LGBTI; no obstante hay mucho por hacer para lograr su verdadero cumplimiento. Al respecto, tanto el titular de la cartera de Estado, Mauricio Ramírez Landaverde, como el Viceministro López, han subrayado el compromiso institucional de continuar trabajando para brindar una atención libre de discriminación por razones de identidad de género y/o de orientación sexual, tal y como estipula el Decreto Ejecutivo 56.

Las y los participantes reconocieron la importancia del trabajo de esta Mesa para crear una política institucional que cohesione y de contundencia a los lineamientos y acciones ya realizadas, así como a otras que deben crearse para proteger los derechos de las personas LGBTI.

Entre el trabajo que se demandó reforzar está la difusión, capacitación, sensibilización y monitoreo para la efectiva aplicación del Decreto Ejecutivo 56 y del Manual Autoformativo sobre Diversidad Sexual a Cuerpos de Seguridad Pública. En las tareas a iniciar está el registro de casos de personas LGBTI involucradas en hechos de violencia, ya que no se cuenta con datos oficiales desagregados. El otro gran reto es para el Ministerio Público y tiene que ver con la debida investigación y sanción de los crímenes de odio -incluido numerosos homicidios- cometidos contra la población LGBTI.