Queridos amigos y amigas:

Cuando comenzamos, hace ya seis años, a implementar el programa Nuestros Mayores Derechos, detectamos que un importante sector de personas mayores carecía de documentos de identidad.

Al indagar más, se identificó no era un asunto simple de no tener DUI, sino que se trataba de una vulneración mayor: Estas personas no contaban con un asiento de identidad, que les permitiera gozar de sus derechos al nombre, a la identidad y al pleno ejercicio de sus demás derechos.

Al indagar sobre las razones nos dimos cuenta que muchas de ellas carecieron toda su vida de un asiento de partida de nacimiento, ya fuera porque no fueron inscritas en su momento, o porque sus registros estaban destruidos.

Lo peor es que nadie había hecho nada por remediar esta situación, haciendo que esta población estuviese excluida de gozar de sus derechos a la identidad y la identificación, obligándolas a vivir al margen de cualquier sistema educativo, laboral y por supuesto de la seguridad social.

Dada la gravedad de nuestros hallazgos, decidimos incluir dentro del Programa, acciones orientadas a mejorar el acceso a la identidad.

Esta no fue una tarea fácil, pues había que innovar en términos de dar respuestas efectivas a las personas mayores, como por ejemplo superar las exigencias de los procesos de Estado Civil Subsidiario de solicitar testigos por lo menos 12 años mayores que el solicitante.

Imagínense, amigos y amigas!. Por supuesto, pedir tales testigos es comprensible para la inscripción de niños y niñas, pero no para personas mayores que muchas veces tienen 75, 80 o hasta 90 años, y que no podían contar con testigos que fueran 12 años mayores que ellos y que dieran referencias de su nacimiento y vínculos familiares.

Fue así que la Procuraduría General de la República, con la asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Inclusión Social, trabajaron en una propuesta de ley transitoria, siendo la PGR quien hizo la presentación del proyecto ante la Asamblea Legislativa.

De dicha propuesta surge la Ley que ahora ustedes están aplicando y que ha significado una diferencia para las personas mayores beneficiadas.

El derecho a la identidad es esencial en nuestras vidas.  No se trata solamente de contar con un documento que diga quienes somos o donde vivimos.

La identidad va mucho más allá: es contar con un reconocimiento legal de nuestra existencia.

Es poder pertenecer a la sociedad, es ser parte de un país, de una cultura, de una familia.

No contar con un nombre es como no existir, es no estar reconocido por la sociedad como una persona con plenos derechos.

Muchas personas mayores han pasado una vida sin existir en nuestra sociedad, siendo expulsadas de la educación, del trabajo formal, del reconocimiento de sus familias, sin acceso a beneficios o a créditos.

La falta de una identidad no les ha permitido ser las dueñas de sus propias vidas, sino que han dependido de otros para tener acceso a algunos derechos.

Es así, que la identidad abre la puerta al ejercicio pleno de derechos y de ahí su relevancia.

Una persona mayor que logra tener identidad logra por fin entrar a un mundo de derecho que le había sido negado hasta ahora.

El trabajo que ustedes realizan no es simplemente tramitar asientos de partidas o documento de identidad, sino que es de restitución de derechos por parte de un Estado que todavía tiene una enorme deuda con esta población.

Este es un primer paso a la inclusión, pero ciertamente no debe ser el único o el último.

Todavía queda mucho por hacer por una población que, al igual que otras, son parte de nuestra sociedad y son personas con derechos plenos.

Quiero felicitarles por estar hoy aquí, eso muestra su compromiso por la transformación de nuestra sociedad.

La inclusión no tiene color partidario y es un compromiso de país.

El trabajo que ustedes realizan dentro de sus Alcaldías e instituciones es una muestra que vamos avanzando al reconocimiento para todas las personas, eliminando la discriminación y la exclusión.

Espero que de este taller salgan inquietudes e ideas para implementar acciones desde los gobiernos locales a favor de la personas mayores, como parte del catálogo de políticas territoriales.

No se trata de caridad, se trata de garantizar a esta población derechos reconocidos en nuestra Constitución, leyes y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Antes de concluir, quiero expresar mis felicitaciones a la licenciada Sonia Cortéz de Madriz, por su nombramiento, por tercer período consecutivo, al frente de una de las instituciones más importantes para la protección, promoción y garantía de derechos de las personas en nuestro país.

Deseo, querida Procuradora, que siga cosechando muchos éxitos, y sigamos trabajando de forma coordinada, en beneficio de la población.

Muchas gracias.