Por Secretaria de Inclusión Social y Presidenta del ISDEMU, Dra. Vanda Pignato:

Muy buenas tardes, amigas y amigos.

Qué alegría estar aquí, en esta Alma Mater, la universidad con la que me siento plenamente identificada!

Y más aún, con ustedes, estudiantes de la legendaria Facultad de Derecho, cuna de algunos de los más importantes libre pensadores y luchadores sociales de El Salvador.

Gracias por permitirme estar aquí, para reflexionar conjuntamente sobre los avances pero sobre todo, los desafíos que tenemos tanto estudiantes como profesionales de las Ciencias Jurídicas para la construcción de la equidad y el avance en la igualdad sustantiva entre los géneros.

Como la abogacía no puede entenderse ni desarrollarse fuera del conocimiento del contexto político, económico, social y cultural en el que se ejerce, quiero para empezar, que abordemos cómo estamos en materia de género, tanto en el país como en la región, para que comprendamos cuáles son los retos a superar.

Primero, deben saber que, pese a muchos esfuerzos normativos y de políticas públicas,  esta región es una de las más violentas, discriminadora e inequitativa contra las mujeres, y El Salvador no se excluye de esta realidad.

Seguramente saben que en marzo de este mismo año, en ocasión de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, los gobiernos del mundo evaluamos el nivel de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y pese a encontrarse importantes logros alcanzados, lo cierto es que el progreso todavía no ha sido equitativo ni igualitario para las mujeres, incluidas las niñas y las adolescentes; y que la violencia sigue lesionando gravemente nuestras vidas y derechos.

Y esto afecta directamente la construcción de un verdadero Estado Democrático de Derecho, puesto no que es posible avanzar hacia el desarrollo sostenible del país, cuando más del 53% de la población continúa enfrentándose a situaciones de discriminación basadas en el sexo y expresadas en la marginación de las mujeres respecto de las dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales.

Estas dinámicas constituyen los principales focos de violación a los derechos humanos de las mujeres en la actualidad:

Vamos a ver algunas de esas situaciones críticas:

La primera tiene que ver con la persistencia del sexismo en la educación en todos los niveles.

Es el sexismo lo que ocasiona, por ejemplo, que la deserción escolar temprana sea más alta en las niñas y adolescentes mujeres que en los hombres.

Los padres y madres aun prefieren que sean sus hijos hombres los que finalicen la educación formal, a que lo hagan las mujeres.

Además, las niñas, adolescentes y mujeres siguen sufriendo victimización por acoso sexual y agresiones sexuales en los centros educativos públicos y privados, inclusive los universitarios, lo cual provoca que muchas mujeres abandonen sus estudios por temor, depresión o vergüenza por la estigmatización que se les impone.

El sexismo también se presenta en la exclusión en algunas carreras técnicas y universitarias que socialmente todavía se consideran prevalentemente masculinas. Hemos conocido de casos en que los mismos docentes someten a burlas y humillaciones a sus estudiantes mujeres, diciéndoles inclusive que se anotan a esas carreras “sólo para conseguir marido”.

Por supuesto que hay que reconocer que en las últimas décadas las mujeres hemos logrado avances importantes en la inserción educativa, pero ésta no ha llegado de forma general ni equitativa para todas las mujeres, sobre todo aquellas que viven en zonas rurales o en barrios suburbanos; o que pertenezcan a sectores más vulnerables, como las mujeres de pueblos indígenas, mujeres con discapacidad, adultas mayores, entre otras.

Todo esto  sigue siendo una realidad que coarta las posibilidades de desarrollo de las mujeres.

En segundo lugar, y muy vinculado al primero, se encuentra la violencia económica que denota la discriminación explícita e implícita a las oportunidades productivas y al goce del desarrollo económico para las mujeres, quienes todavía enfrentan innumerables obstáculos para lograr su incorporación segura al mundo laboral, a la obtención de créditos y activos propios, entre otros.

A pesar de los avances, aún persiste la visión rígida que delega a las mujeres, de forma casi exclusiva, los asuntos del hogar y la familia, por lo que todavía persisten las dificultades para compatibilizar el trabajo productivo con el trabajo reproductivo.

Muchas mujeres aún se enfrentan a la “prohibición” de sus parejas o familiares para emplearse o para iniciar sus emprendimientos.

Unido a esto, las mujeres siguen sufriendo la negación de las cuotas alimenticias para ellas y sus hijos, o bien la sustracción de sus pertenencias, como una especie de “castigo” por parte de sus ex parejas.

Toda esta violencia económica, hace más pobres a las mujeres.

Aunado a lo anterior, la legislación financiera y bancaria está escrita en clave masculina y dirigida a facilitar créditos a quienes poseen bienes que pueden dar en garantía, lo cual excluye a la mayor parte de mujeres, y sobre todo a aquellas en situaciones de vulnerabilidad.

Por otra parte, la legislación y el sistema de justicia laboral aun no sanciona adecuadamente a todas aquellas mujeres que sufren acoso, discriminación y despidos en sus centros de trabajo, por el hecho de ser mujeres.

Por otra parte, tenemos una alta incidencia de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones –ya sea violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, institucional y hasta feminicida– en todos los ámbitos, tanto familiares como sociales.

La violencia nos afecta en el ámbito público también. En general, los espacios públicos como parques, mercados, centros escolares, transporte público y oficinas siguen siendo inseguros para las mujeres, dado que sufren de acoso sexual y violencia verbal.

Y es una violencia a veces tan naturalizada en la sociedad, que no se comprende por tal y, tristemente, nos hemos acostumbrado a convivir con ella.

Vamos a hacer aquí un experimento: Levante la mano aquella mujer que NUNCA, NUNCA en su vida, ni en el bus, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en el mercado, ni en el parque o cualquier otro lado, ha recibido un silbido, un piropo ofensivo, una mirada libidinosa o un intento de tocamiento por parte de  desconocidos o a veces inclusive vecinos, jefes o compañeros?

La verdad es que la mayoría de las mujeres y las niñas sufren ese tipo de agresiones a diario.

Justamente los datos de violencia sexual más escalofriantes son en el caso de niñas y adolescentes.  Los datos globales, y particularmente en El Salvador, nos indican que la violencia sexual ha sido mayor en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes; mientras que la violencia física, psicológica y patrimonial tiene mayor incidencia en mujeres adultas y adultas mayores.

Así, la violencia está presente a lo largo de toda la vida de las mujeres, impacta profundamente en su calidad de vida y coarta sus propios proyectos y posibilidad de progreso.

Ahora bien, quiero que pasemos a reflexionar sobre el tema en concreto, que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión como abogadas y abogados.

Ciertamente hay que reconocer que El Salvador ha logrado en los últimos años, grandes avances en materia de reconocimiento legal y garantías normativas en los derechos humanos de las mujeres.

Ustedes saben muy bien que ya contamos con la normativa nacional para la Igualdad Sustantiva, a través de dos leyes especiales:

  • la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y
  • la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres.

Tanto estas leyes, como la Política Nacional de las Mujeres, incluyen las principales esferas de acción de los instrumentos internacionales en materia de género y derechos humanos de las mujeres, como la CEDAW, la Convención de Belem do Pará y la Plataforma de Acción de Beijing.

Pero lamentablemente este adelanto normativo sigue sin posibilitar el acceso pleno y oportuno de las mujeres a la  justicia y a los mecanismos de reparación y restitución de derechos.

Y esto por varias razones. En primer lugar, porque las mujeres víctimas, de todas las edades, todavía desconocen sus derechos y los mecanismos de protección que pueden utilizar.  La educación en materia de derechos humanos no se ha popularizado y eso permite la perpetuación de las violaciones a tales derechos.

En segundo lugar, las víctimas aún sufren de procesos de re victimización y culpabilización dentro de todas las instituciones del sector justicia, tanto policía, fiscalía, procuraduría como juzgados y tribunales, en donde se sigue glorificando la burocracia y complejizando los trámites jurisdiccionales.

A esto se suma el desconocimiento y falta de interés de quienes están obligados a proteger y atender a las víctimas, de aplicar correctamente las nuevas normativas en materia de género.

Por ejemplo, muchísimos jueces siguen aplicando prioritariamente las normas de la Ley contra la Violencia Familiar, en lugar de aplicar la LEIV.

Muchos fiscales y jueces aún no logran comprender la diferencia entre un homicidio y un feminicidio, y siguen sin recabar la prueba idónea, o sin valorarla adecuadamente, lo cual hace que no se califique adecuadamente los hechos de violencia feminicida.

También conocemos casos de jueces que ante un claro crimen de Trata de Personas, en donde se ha privado de libertad a niñas, adolescentes y jóvenes, explotándolas a diario, sometidas a vejámenes y verdaderas torturas físicas, psicológicas y sexuales, deciden que no hay delito, argumentando que ellas accedieron u obtuvieron algún tipo de pago por tales violaciones, a las que tales juzgadores aún llaman “servicios”.

Hemos conocido de procuradores de familia, que en lugar de asesorar y pedir medidas de protección a las mujeres que están siendo víctimas de violencia de sus parejas, la única atención que les dan es tomarles de las manos y decirles que oren juntos para que Dios les de la fortaleza necesaria para seguir llevando esa cruz que se les ha puesto.

Como comprenderán, todo esto sólo favorece a los agresores y nunca a las víctimas ni a la sociedad.

En las instituciones que atendemos a las víctimas, como en ISDEMU y en Ciudad Mujer, nos enfrentamos a estas terribles realidades a diario y podría pasar horas contándoles de los casos que atendemos.

Son justamente esas las realidades que ustedes, como estudiantes y futuros profesionales del Derecho tienen como reto el cambiar.

Creo que el reto principal es humanizar más nuestra profesión y dejar de convertir la norma y el trámite, en el centro de nuestra preocupación, recordando que estos son simples instrumentos que pueden y deben cambiarse cuando no estén al servicio de garantizar el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos.

Déjenme contarles un caso que conocí por casualidad, pero que ejemplifica esa glorificación del mero trámite, sin pensar en la persona humana:

En una junta de protección de la niñez recibió una denuncia de que a una bebé de 5 meses de edad la dejaban sola todo el día en una champa, sin alimentación ni cuidado hasta que la madre y la abuela regresaban por la tarde, de vender dulces en la calle.

Hay que decir que la madre de esa bebé era, a su vez, una niña de apenas 13 años de edad. Claramente, para ser madre a esa edad, quiere decir que la niña fue violada y embarazada a los 12 años.

Bueno, cuál fue la decisión de la Junta de Protección? Pues dictar una larga y rimbombante resolución, ordenando a la madre de la bebé –es decir, a la niña de 13 años-, a que con base en aproximadamente 25 artículos de la LEPINA, garantizara el acceso a vida, integridad personal, alimentación adecuada, salud, vivienda digna, vestuario, recreación, educación, y un largo etcétera, a la bebé.

Nunca, la Junta de Protección señaló nada en favor de proteger o restituir los derechos de esa niña de 13 años, quien al igual que su pequeña hijita, también era una víctima.

Cualquiera creería que una junta de protección iba a preocuparse por ambas niñas: madre e hija. Lamentablemente no fue así. La Junta de Protección sólo puso sobre los hombros de una niña, la responsabilidad exclusiva de la vida de otra niña.

Yo me preguntaba: Y el hombre que violó y embarazó a esta niña?; ¿dónde está?, ¿quién le pone a él un mínimo de responsabilidad?

Ahora bien, yo les pregunto a ustedes:

  • ¿Creen sinceramente que esa niña de 13 años, que además ya estaba fuera del sistema educativo y en trabajo infantil, iba a comprender el contenido y alcance de una resolución administrativa tan larga y compleja?
  • ¿Piensan que automáticamente la niña de 13 años iba a tener los recursos y posibilidades para cumplir la orden que le dictaba la Junta, sin un sistema ni red de apoyo familiar idóneo para ella misma?
  • ¿Consideran que esa resolución iba a servir de algo para proteger y restituir los derechos de esas dos criaturas, o será más bien que se trataba de cumplir un mero formalismo legal para ir archivando un expediente más?
  • ¿Valoran ustedes que así se puede avanzar en el Estado de Derecho, democrático, equitativo e igualitario?

Creo que podemos coincidir que la respuesta es no.

Por eso, compañeras y compañeros, quiero hacer un llamado, una exhortación, a ustedes que desde ya están aportando y que, en un futuro cercano, estarán a cargo de la adopción y ejecución de diversas decisiones en aquellos ámbitos en los que se desenvuelvan:

Sean la generación de abogadas y abogados que rompan los esquemas discriminatorios y sexistas, tanto de las normas como de las prácticas en todas las áreas del Derecho.

No importa si usted se dedica al derecho bancario, al administrativo, al penal, al civil o mercantil. Si ustedes tienen los conocimientos, el enfoque de género y de derechos humanos, y la ética profesional, verán que en cualquier área puede ayudar y aportar para construir un sistema más equitativo e igualitario; es decir, un sistema más justo y humano.

Vean a los seres humanos como eso: personas diversas que sin embargo son iguales en dignidad y derechos, no importa su edad, su género, su orientación sexual, creencia religiosa o política.

Recuerden siempre que una persona siempre vale más que un expediente.

Nunca pierdan la capacidad de indignación y el deseo de cambiar lo que haya que cambiar. No se acomoden.

Como ven, el reto no es pequeño, pero podemos inspirarnos en dos cosas:

  • Primero, en recordar el origen etimológico de nuestra profesión, la abogacía: me refiero al “advocare”, es decir, ser siempre las personas que interceden en favor de otras personas;
  • Segundo, en el ejemplo y las enseñanzas de nuestro mártir y beato, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien nos manda a “cambiar de raíz todo el sistema” para que la justicia deje de ser la serpiente que sólo muerde a los que están descalzos.

Gracias a todas y todos por su atención.