La Secretaria de Inclusión Social y Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato, acompañada por la Subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe de Espinoza y la Directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta, se reunieron hoy con el Diputado Rodolfo Parker para solicitar que en el anteproyecto de la Ley Especial contra la Trata de Personas, se incluya un artículo en el que también se castigue a los clientes de trata de personas. Las funcionarias explicaron al Diputado que al no haber una fuerte sanción para los clientes de las redes de trata de personas, este problema continuará.

La Secretaria Pignato y sus acompañantes también hicieron la misma solicitud al Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien -al igual que el Diputado Parker- manifestó su apoyo para que el anteproyecto de ley sea aprobado con el agregado de la sanción a clientes de trata, planteado hoy por las funcionarias.

El anteproyecto de Ley Especial contra la Trata de Personas fue presentado el año pasado por la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, y es analizado por la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, presidida por el Diputado Parker en la Asamblea Legislativa.

La Secretaria Pignato expresó su confianza de que la Comisión que preside el Diputado Parker y la Asamblea Legislativa en pleno,  reafirmen su compromiso de velar por continuar legislando y emitiendo leyes que resulten pertinentes para salvaguardar la seguridad física, libertad, dignidad, integridad física y mental de las mujeres salvadoreñas.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer  (ISDEMU), Institución rectora de las políticas públicas para la igualdad de género en El Salvador, tomando  en consideración la alta incidencia  del delito de trata de personas  en mujeres  y niñas, ha manifestado su interés por participar de la discusión del anteproyecto de Ley Especial contra la Trata de Personas  en cumplimiento  a su mandato de vigilar y orientar a la institucionalidad pública para la efectiva aplicación de la normativa nacional e internacional para la igualdad, no discriminación y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

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