La Secretaria de Inclusión Social, y Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato, manifestó su satisfacción por la aprobación de la Ley Especial contra la Trata de Personas, por parte de la Asamblea Legislativa. La nueva normativa fue aprobada esta noche con 81 votos a favor.

La Secretaria Pignato destacó que esta es una Ley integral que se centra en la atención, defensa y restitución de los derechos de las víctimas de trata de personas, asimismo celebró que se haya aprobado el castigo para quienes hacen uso de los servicios de las redes de trata de personas, es decir a los agresores, tal y como ella lo planteó el pasado mes de septiembre cuando visitó la Asamblea Legislativa y solicitó el apoyo del Presidente de dicho Órgano, Sigfrido Reyes, y del Diputado Rodolfo Parker, Presidente de la Comisión Legislativa de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, donde fue discutido el anteproyecto de Ley creado por la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, y que fue aprobado hoy.

El Diputado Parker reconoció y agradeció los aportes dados por la Secretaria Pignato y los equipos técnicos de la SIS y el ISDEMU, así como la contribución del Consejo Nacional contra la Trata de Personas; la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y otras instituciones, en el análisis y discusión de la Ley.

La Secretaria Pignato agregó que ahora que la nueva normativa ha sido aprobada, espera que el sistema judicial haga una buena aplicación de la misma. Cabe señalar que la pena para quienes hagan uso de los servicios de las redes de trata de personas (agresores) van de 4 a 10 años, y cuando las víctimas sean menores de edad, personas mayores o personas con discapacidad será hasta 14 años y cuatro meses.

El nuevo cuerpo legal está constituido por 69 artículos, y en él se contempla la creación de un Fondo de Atención a las Víctimas de Trata de Personas; de unidades especializadas en este delito en la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC); de un Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas; así como la conformación formal del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, entre otras disposiciones.

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