San Salvador. Lunes, 18 de diciembre de 2017. La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, presidió este día el foro denominado “Realidades LGBTI-Justicia y Crímenes por odio”, organizado por la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), en el marco de las actividades conmemorativas desarrolladas durante el mes de diciembre, alusivas al Día Internacional de los Derechos Humanos.

Históricamente, la población de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) es una de las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en el país; esa realidad persiste hasta ahora a pesar del trabajo constante que instituciones como la SIS realizan para promover el respeto y garantía de sus derechos desde el año 2010. Hasta entonces, ningún Gobierno había asumido una responsabilidad y labor de este tipo.

Sumado a las dificultades de acceder a derechos tan básicos como un empleo, educación y salud, la población LGBTI es víctima -por su misma situación de vulnerabilidad- de amenazas, lesiones y homicidios por su orientación sexual, identidad y expresión de género. La discriminación es tal que tampoco facilita su acceso a la justicia. “Se vuelve cada vez más necesario analizar la situación del acceso a la justicia ante los crímenes por odio, es sumamente estratégico conocer cuáles son los mecanismos con los que las instituciones cuentan para hacer frente a esta realidad y garantizar que estos delitos sean sancionados como es debido”, dijo la Secretaria Pignato, al momento de recordar que durante este 2017 han sido asesinadas 27 personas LGBTI y en ninguno de esos casos existe una condena.

Se entiende como crimen por odio las amenazas, lesiones o muerte de una persona o sus familiares, motivados por poseer características particulares en relación a su filiación religiosa, orientación sexual, a su género o etnia.

Durante la actividad se dieron a conocer los resultados de la investigación “Evaluación de la gestión política-criminal del Estado salvadoreño en casos de crímenes por odio con la población LGBTI”, realizado por la Fundación Heinrich Böll. Dicha investigación evalúo el trabajo del Estado y los crímenes cometidos contra la población LGBTI (135 homicidios) desde el año 2009 al 2017. A la luz de los resultados, el Director de Diversidad Sexual de la SIS, Cruz Torres, señala que se vuelve necesario articular todas las iniciativas y trabajo institucional que se hace en relación al acceso a la

justicia para las personas LGBTI, pues los funcionarios y funcionarias que participan en esos procesos deben tener una línea de trabajo clara para saber cómo identificar, proceder y obtener resultados concretos en cuanto a acceso a la justicia cuando se trate de un crimen por odio. Actualmente uno de los grandes vacíos jurídicos es que falta una tipificación de este tipo de crímenes, agrega.

Del estudio también se desprende otra lectura y es el arraigo sociocultural de odio que se mantiene hacia las personas LGBTI, y esto se refleja en actitudes de funcionarios y funcionarias de negarse a atender a la población LGBTI, aun cuando esa acción dificulte el ejercicio de derechos.

En la investigación, de los tres poderes del Estado es el Ejecutivo el que sale mejor evaluado; al respecto es importante señalar que esto puede deberse a que es el único poder estatal que tiene un mandamiento claro de no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, el cual está plasmado en el Decreto Ejecutivo 56, emitido en el año 2010.

A partir de dicho Decreto, instituciones como el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Trabajo (MINTRAB); la Policía Nacional Civil (PNC), Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y otras han tomado medidas para aplicar dicho Decreto y formar a sus funcionarios y funcionarias en Derechos de las Personas LGBTI, un trabajo en el que han contado con el acompañamiento de la Dirección de Diversidad Sexual de la SIS, la instancia valedora del cumplimiento del Decreto Ejecutivo 56.

Además de la Secretaria Pignato y el Director Torres, participaron en la actividad de este día la Fiscal Especial de Género, Marina Ortega.